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Cinco razones para que Colombia ratifique el Acuerdo de Escazú

  • Salida a medios: junio 12 de 2021.
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El Espectador Colombia 2020: https://www.elespectador.com/colombia2020/opinion/que-ha-pasado-con-la-participacion-ciudadana-en-colombia-columna-904121

Colombia necesita el Acuerdo de Escazú. Los gremios empresariales y algunos sectores políticos se han opuesto a su ratificación por el Congreso de la República, con argumentos como la pérdida de soberanía, la inseguridad jurídica o su efecto supuestamente negativo sobre la inversión privada. Son razones deleznables, en algunos casos falaces, copiadas de los argumentos del sector privado en otros países de la región, que reflejan una lectura superficial e impropia del Acuerdo, como se puso de manifiesto en el reciente Foro Regional sobre el tema, organizado el pasado 8 de junio por el Congreso de la República.

Al contrario de lo señalado por sus opositores, el Acuerdo aporta elementos de gran valor para el manejo de los asuntos ambientales en el país. Son muchas las razones que respaldan esta convicción. A continuación, exponemos cinco de ellas que justifican más que nunca su urgente ratificación. En primer lugar, el Acuerdo introduce un novedoso enfoque sobre los asuntos ambientales: el de la democracia ambiental. A diferencia del paradigma reinante, que mira la cuestión ambiental como costo y barrera para el crecimiento económico, esta nueva mirada se centra en la consideración de los derechos humanos y la participación ciudadana como requisitos necesarios para asegurar una economía próspera y garantizar el derecho a un ambiente sano.

El referente de la gestión ambiental no puede ser solamente –ni prioritariamente- el crecimiento económico, sino el bienestar de las comunidades en términos de vida digna. Este enfoque convierte al Acuerdo, como lo señala el Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, en un poderoso instrumento para la prevención de conflictos. En otras palabras, el Acuerdo, en lugar de afectar la inversión privada, propende por mejores condiciones sociales para su realización.

En segundo lugar, el Acuerdo es un complemento ideal para la aplicación de la normativa sobre acceso a la información pública y participación ciudadana en los asuntos ambientales. Para quienes se oponen al Acuerdo, Colombia ya posee normas en esos campos, por lo que este último sobraría. Es verdad que tenemos un amplio menú de normas, entre las que se destacan la ley ambiental (99), la ley de transparencia y acceso a la información pública (1712) y la estatutaria de participación (1757). Pero, salvo la primera, esas leyes no fueron diseñadas exclusivamente para los temas ambientales; y, además, han encontrado enormes barreras socio-culturales, institucionales y políticas para su adecuada y oportuna aplicación.

El Acuerdo de Escazú contiene estándares que facilitan la aplicación efectiva de esas normas. Incluso las enriquece. Por ejemplo, en materia de participación ciudadana, introduce dos elementos nuevos: de un lado, invita a las autoridades ambientales a considerar y dar respuesta a las observaciones e iniciativas del público, señalando si estas fueron aceptadas para la toma final de decisiones, o si, por el contrario, no fueron tenidas en cuenta y, en ese caso, por qué. De otro, propende por una participación a lo largo del ciclo de decisiones ambientales, no solo en una de sus fases, como ocurre en el caso colombiano. Desde este punto de vista, el Acuerdo no produce inseguridad jurídica. Por el contrario, la fortalece, permitiendo que las normas sean eficaces en sus respectivos propósitos.

Una tercera razón tiene que ver con el rango especial que Escazú atribuye a los grupos vulnerables como sujetos de derecho y de especial atención por parte del Estado. No es un elemento menor. Por el contrario, es relevante por dos razones: de un lado, en un país como Colombia, caracterizado por amplias brechas socioeconómicas, profundizadas por la pandemia y por las políticas regresivas del gobierno, las acciones de favorabilidad para las poblaciones excluidas de los beneficios del crecimiento económico y de la acción del Estado resultan ser determinantes. De otro, constituye una herramienta para la protección de los defensores y las defensoras del medio ambiente, cada vez más victimizados por manos criminales.

La cuarta razón: el Acuerdo otorga un nuevo estatus a los criterios ambientales como referentes para la toma de decisiones sobre el modelo de desarrollo del país. En Colombia, desde comienzos de este siglo, dichos criterios fueron relegados a un segundo plano, subordinándolos por completo a los objetivos del crecimiento económico. El sector ambiental perdió peso político, institucional y financiero dentro de las prioridades gubernamentales, sobre todo, cuando la actividad extractiva (minería e hidrocarburos) fue concebida como la locomotora del crecimiento del país. Escazú señala la importancia de los parámetros ambientales, siempre desde el enfoque de democracia ambiental arriba señalado, en el intento de promover el diseño de políticas públicas equilibradas y, sobre todo, atenidas a los requerimientos de participación ciudadana y garantía de los derechos.

Por último, los estándares del Acuerdo de Escazú ya están siendo adoptados por algunas entidades del gobierno colombiano. Es el caso de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) que en su proceso de reestructuración decidió incorporar dichos estándares en el manejo de sus competencias de licenciamiento ambiental, sobre todo en materia de acceso a información pública y participación ciudadana. Una razón adicional para que Colombia adopte el Acuerdo.

La ratificación del Acuerdo de Escazú por el Congreso significará un paso muy positivo para asegurar un desarrollo sostenible, basado en un enfoque de derechos humanos, de justicia social y de participación ciudadana. El Congreso tiene dos desafíos en la votación que deberá llevar a cabo en los próximos días: de un lado, garantizar la coherencia política del Estado. Colombia firmó el Acuerdo en 2018. No ratificarlo mostraría una inconsistencia, insostenible en el concierto internacional. De otro, mostrar si está del lado de la gran mayoría de colombianos que esperan la ratificación, o sigue siendo cómplice de las élites económicas y políticas que se oponen al Acuerdo, porque sienten que pone en cuestión sus privilegios y, en últimas, su poder.

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