La Ley de Transparencia cumplió siete años de vigencia. Esta Ley nace de la necesidad de mejorar las condiciones para conocer el desarrollo de la gestión pública, hacer control y veeduría al uso de recursos, y acceder a información necesaria para ejercer otros derechos como la salud y la educación. En el marco de JxT, el pasado 28 de septiembre Transparencia por Colombia presentó un análisis de los avances yu retos pendientes en la materia, entre los cuales se destacan los siguientes:
- Persisten dificultades en el acceso a información pública asociada a temas de seguridad y defensa, procedimientos de inteligencia, industria extractiva, sistema tributario, derechos humanos, expedientes judiciales, presupuestos y migración.
- La información divulgada proactivamente en estos ámbitos resulta limitada y se suele acudir a la figura de reserva para no entregar información.
- El acceso a información pública mediante solicitudes a las instituciones sigue enfrentado dificultades: se identifica que no se recibe respuesta en los tiempos establecidos por ley o se dan respuestas incompletas e inexactas que no atienden al objeto de las solicitudes.
- La brecha digital en varias zonas del país impide el acceso a la información para muchas comunidades, aún más teniendo en cuenta que gran parte de la información publicada por el Estado se hace mediante sitios y portales web.
- No se cuenta con una reglamentación para la publicación de información por parte de sujetos obligados no tradicionales de la Ley, tales como Cámaras de Comercio, Notarías, EPS y otras entidades que cumplen función pública o que manejan recursos públicos.
- No se cuenta con un régimen de sanciones lo suficientemente amplio ante el incumplimiento de lo establecido en la Ley 1712, especialmente para sujetos que no pueden ser investigados por la Procuraduría General de la Nación.
Teniendo en cuenta lo anterior, Transparencia por Colombia hace un llamado a la Procuraduría General de la Nación, al Gobierno Nacional, a las entidades líderes de política pública, a la ciudadanía en general y a las organizaciones de la sociedad civil, para trabajar de manera articulada en el cumplimiento de la Ley de Transparencia, su implementación y puesta en marcha.
El estudio completo puede ser consultado AQUÍ