- Salida en medios: 05 de junio de 2024.
- Medio en el cual se publico: El Espectador Colombia Después de la COP16 ¿qué?
A propósito, de la COP16 que se adelantará en la ciudad de Cali (octubre 2024), contrasta el optimismo gubernamental con la ausencia de una política pública que consolide una agenda ambiental y de la biodiversidad por la paz. Dos casos generan dudas sobre ese optimismo. Semanas atrás Cali vivió un fuerte aguacero que desbordó la capacidad de respuestas de los órganos gubernamentales para atender este tipo de emergencias climáticas. La dura arremetida de actores ilegales armados en el suroccidente colombiano, con sus acciones de guerra y sus actividades ilegales, entre ellas la minería ilegal, están generando graves daños sobre la biodiversidad de zonas de protección ambiental, especialmente en los Farallones de Cali, uno de los principales parques naturales del país.
Sin embargo, estos dos casos no son eventuales, menos aún aislados. Desde hace más de 50 años, los estudios han advertido de los peligros del uso indiscriminado de pesticidas que tiene sobre los servicios ecosistémicos que contribuyen al bienestar de la humanidad, el incremento desproporcionado en la producción industrial y sus impactos negativos sobre el medio ambiente, así como, las potenciales amenazas que representa el aumento exponencial de la población mundial sobre la biodiversidad. Actualmente, esas advertencias poco han sido tenidas en cuenta, algunos datos reafirman la crítica situación ambiental que estamos viviendo. Desde que se tienen registros históricos el año 2023 fue uno de los más calurosos, la temperatura promedio mundial aumentó en 1.48° C. En materia de biodiversidad el 25% de las plantas y animales evaluados están amenazados y cerca de un millón de especies están enfrentando una acelerada extinción.
En materia de orden público, específicamente en el suroccidente colombiano, la situación es de suma preocupación. De una parte, la gobernadora y los alcaldes de esta región del país han advertido sobre la agudización de las acciones bélicas y la disputa de los actores armados por el control de corredores estratégicos y para la explotación de la minería ilegal. De otra parte, la comunidad internacional tiene un alto grado de intranquilidad por la seguridad de las delegaciones de los 200 países que llegarán a la ciudad. Para enfrentar la álgida situación de orden público el gobierno nacional definió implementar una zona candado que, cobija entre sus acciones, la garantía de 3.000 nuevos hombres para salvaguardar la seguridad ciudadana en la ciudad de Cali.
Hay que recordar que el objetivo central de la COP16 – ratificado por 196 países, entre ellos, Colombia – y como lo reconocen grupos ambientalistas, ONG, la banca multilateral, movimientos sociales mundiales… es una apuesta por el liderazgo y con el compromiso por mejorar la relación de la humanidad con la naturaleza y afectar las causas de la degradación y garantizar la biodiversidad. La apuesta gubernamental, por paradójico que parezca, va en contravía de ese principio. El presidente definió un presupuesto estimado en 120 mil millones de pesos para adelantar la COP16.
Esa plata estará destinada para la infraestructura logística, viajes y viáticos del personal gubernamental, participación de diferentes sectores sociales, para el lobby internacional y la promoción de Colombia como un destino turístico atractivo y para la inversión extranjera. En lo local, el presupuesto de la alcaldía, seis mil millones de pesos, se enfoca en repavimentar vías, formar en bilingüismo a taxistas, empleados del sector gastronómico y hotelero, garantizar 4.500 habitaciones hoteleras y aumentar el parque automotor para transportar a más de 12 mil visitantes representantes de delegaciones de más de 200 países y embellecimiento de zonas verdes, entre otras acciones.
Esa significativa inversión presupuestal contrasta con los incumplimientos gubernamentales que se tienen en materia de una agenda pública en temas ambientales y de la biodiversidad por la paz. A la ausencia de un plan maestro ambiental para Cali (Metas 7, 10 y 12 COP16), el Valle del Cauca está dentro de los 24 departamentos que no entregaron a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres un plan para mitigar el fenómeno de la Niña que se inicia, según pronósticos del IDEAM, en Julio de 2024 (Meta 8 – COP16). En lo nacional el asunto es también preocupante. Colombia, al igual que el resto de países de la región, a la fecha no ha entregado el plan estratégico y de acción para dar respuestas a los desafíos que impone la COP16. En temas delicados como la gestión y control de especies invasoras (Meta 6 – COP16), como hipopótamos, peces Basa y cangrejos africanos, más allá de los diagnósticos realizados por expertos y el sector académico, se advierte la debilidad en las acciones y propuestas de políticas públicas para saber sobre qué hacer y cómo actuar. Es definitiva, Colombia y sus regiones se rajan en materia ambiental y en la protección de la biodiversidad.
Pero, más allá de la debilidad estructural que tiene Colombia en políticas públicas y planes concretos para afrontar este tipo de retos, la COP16 se puede convertir en una oportunidad histórica para pensar en un proyecto colectivo de país. Al respecto, cuatro propuestas. La primera, fortalecer procesos de una gobernanza multiactor ambiental y por la paz, esta propuesta no implica inventar el agua tibia. A la mano, el gobierno nacional, tiene la estrategia “Paz, Medio Ambiente y Diversidad”, que hace parte del Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno de Santos y las FARC-EP. Este tipo de iniciativas busca fortalecer iniciativas locales y territoriales donde diversos actores – comunitarios, gremios, ONG – adelantan procesos de preservación y restauración de zonas biodiversas. Bajo esa misma perspectiva, se encuentran las propuestas que incentivan el pago por servicios ambientales donde las comunidades aportan a la conservación de ecosistemas estratégicos. Por supuesto, no se pueden dejar de lado los fondos de agua donde se impulsan mecanismos financieros y de gobernanza multiactor para contribuir a la seguridad hídrica y manejo sostenible de las cuencas.
La segunda propuesta, en estrecha relación con la anterior, el impulso hacía una democracia ambiental, que tiene como referente central el Acuerdo de Escazú, recordemos que tres son sus objetivos: acceso a la información, participación pública de todos los actores, y garantías para los y las defensores-as ambientales. Implementar este acuerdo implica la creación de entornos sostenibles y seguros donde se garantice la participación activa de la sociedad civil en la toma de decisiones y la resolución de conflictos ambientales.
La tercera propuesta, hacer parte activa de los gobiernos que promueven e impulsan un nuevo pacto financiero internacional para mitigar la crisis de la biodiversidad, el cambio climático y contaminación. La cuarta propuesta, como lo propone Camilo González Posso – Indepaz, Colombia, como país afectado por el cambio climático, debe exigir a las mayores potencias mundiales contaminantes el pago por la atención de las catástrofes climáticas, también para adelantar programas de acción, mitigación y adaptación. En conclusión, Colombia tiene en sus manos una oportunidad única para la formulación e implementación de una agenda ambiental y de la biodiversidad por la paz, así que el asunto en cuestión aquí por resolver es ¿después de la CPO-16 qué?
Imagen tomada de Cancillería