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La ciudadanía en los diálogos de paz: lo que va del proceso con las FARC a diálogos con el ELN

por Foro Nacional por Colombia
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Sobre la participación ciudadana en la construcción de paz mucho se ha escrito y dicho en los procesos de paz que se han dado en el mundo, incluida Colombia. Con el acuerdo de paz firmado por el gobierno colombiano y las FARC-EP, quedó clara la importancia de vincular a la ciudadanía en general y, especialmente, a las personas, grupos y comunidades víctimas del conflicto armado no solo en la puesta en marcha de lo pactado sino en la deliberación y la construcción de los acuerdos. 

La llegada de Petro al poder dio un nuevo aire a las negociaciones de paz con un espectro más amplio de actores armados de diverso pelambre, con la ilusión de avanzar hacia una paz total. El proceso reiniciado con el ELN, el segundo con una guerrilla que, aunque degrada, es hoy por hoy, la última y más antigua del continente, marca una nueva pauta en materia de participación ciudadana en los diálogos, con la firma del Acuerdo de México, del 10 de marzo de 2023. 

Allí se hace un llamado a convocar la participación democrática de todos los sectores sociales,sin exclusiones, para pactar las transformaciones que requieren las regiones y el país en su conjunto, y emprender un proceso de transiciones que nos conduzcan a la democracia plena”. Y el primer punto de la agenda es la participación de la sociedad en la construcción de la paz. Este hecho ya marcó un derrotero diferente al proceso adelantado con las FARC pues, desde el principio, se pacta la necesidad de contar con un gran acuerdo nacional en el que intervengan “fuerzas, movimientos y organizaciones políticas, económicas, sociales, medios de comunicación, y distintos grupos y expresiones populares que deben empujar los cambios que requiere la sociedad colombiana.”

La firma, el pasado 24 de mayo, del primer punto de la agenda —el acuerdo No 28 sobre el desarrollo del proceso de participación de la sociedad civil en la construcción de paz— sin duda es un avance retador en el marco de un proceso en el que se mantienen múltiples tensiones habida cuenta de incumplimientos de otros puntos cruciales de este proceso de negociación, como el cese bilateral al fuego y la resistencia del ELN a terminar los secuestros extorsivos. Pero, al mismo tiempo, pone de presente la reflexión sobre —al final de cuentas— qué puede garantizar que se cumpla lo acordado, así como la participación de la sociedad civil en la construcción de paz cuando se trata de unos compromisos que se derivan de un proceso que pretende pactar la desmovilización de un grupo armado. Dicho de otro modo ¿tenemos la capacidad y la voluntad para cumplir, como Estado y Sociedad, los compromisos que la participación de la ciudadanía nos exige?

Sobre el acuerdo firmado con las FARC-EP, el Observatorio de la Participación Ciudadana en la Implementación del Acuerdo Final —OPIAF— ha dado cuenta de los retrasos en materia participativa durante los años de su implementación. Pese a que se cuentan logros importantes como la puesta en marcha del Estatuto de la Oposición, las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz -CITREP-, la formulación participativa de los Programas de Desarrollo con Enfoque  Territorial -PDET- o la participación en el Sistema Integral de Paz, también es evidente el rezago en asuntos clave como las garantías de seguridad para el ejercicio de la política y los liderazgos sociales, la apuesta decidida por la garantía del derecho a la protesta, la actualización de los entornos habilitantes para la planeación participativa, o la incorporación en todas las políticas de Estado de las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. La promesa de finalizar el conflicto armado fue más una aspiración de la sociedad civil movilizada por la paz y de un conjunto de condiciones que favorecieron la culminación en un acuerdo de paz que, si bien es un gran paso en el camino hacia la paz en el país, no alcanza a transformar las condiciones que impulsan el fortalecimiento de nuevos y viejos actores del conflicto armado, devenidos más en bandas criminales y narcotraficantes.

Por su parte, el acuerdo de México en la negociación actual con el ELN señala tareas aún más exigentes. La participación ciudadana hace parte de la construcción de un camino hacia un acuerdo nacional donde se identifiquen las causas estructurales del conflicto en Colombia y se propongan iniciativas que conduzcan a las transformaciones que se requieren, además de la desmovilización del grupo armado. De manera explícita se señala que: “El corazón de este proceso es la participación de la sociedad en la definición y ejecución de las transformaciones necesarias para la paz”. 

Hasta ahora, el proceso ha avanzado en el diseño de la forma de participación de la sociedad, los criterios, los alcances, la metodología y los escenarios de participación con el concurso de una instancia especial transitoria —el Consejo Nacional de Participación— cuyo mandato es específico y coordinado por la Mesa de Diálogos de Paz.

El acuerdo 28 dado a conocer, es la ruta para construir la agenda de las transformaciones para la paz a partir de una alianza social y política que conduzca a un “Gran Acuerdo Nacional para la superación del conflicto político, social, económico y armado”, y que se aspira concretar en las ejecuciones y acciones de las autoridades públicas nacionales y territoriales.  Las líneas temáticas de este diálogo nacional que se propone, fueron ciertamente estructurales: el régimen político, el modelo económico, la política ambiental y, la educación y cultura como proyecto de sociedad. 

Este punto tan crucial, ya ha sido objeto de reparos en distintos sectores sociales y políticos sobre los alcances que debería tener el acuerdo con este grupo armado, especialmente poque toca temas sensibles que apuntan a estremecer las estructuras de nuestro modelo de sociedad; el mismo que seguramente explica las causas profundas de un largo conflicto violento y al que muchas veces se prefiere hacer retoques más cosméticos para no hacer temblar el orden establecido. 

Así las cosas, la invocación a la participación ciudadana no es un asunto menor, meramente procedimental. Exige toda la capacidad del Estado y la sociedad para convertir la voz de la ciudadanía en decisiones y hechos concretos. Varias han sido las iniciativas de deliberación ciudadana enmarcadas en la gestión de la paz y el desarrollo en los últimos años. La formulación de los PDET, los Diálogos Regionales Vinculantes —a propósito de la formulación del Plan Nacional de Desarrollo— los pre-encuentros y encuentros en el marco del Consejo Nacional de Participación, a propósito del proceso con el ELN y, finalmente, las mesas de participación para el diseño de planes territoriales de las autoridades locales. La riqueza de estas conversaciones, seguramente, brindarán suficiente ilustración sobre los obstáculos y las oportunidades para transformar a este país. 

Actualmente, la Mesa esta formalmente suspendida, aunque se ha reunido de manera extraordinaria, a propósito de la entrega de Plan de participación y la firma del acuerdo 28. Sin embargo, la gestión participativa del proceso debe seguir avanzando, diseñando las vías institucionales que garanticen la incorporación de la agenda social en la implementación de los Acuerdos de Paz.

Imagen tomada de Radio Nacional de Colombia

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