- Salida a medios: 23 de diciembre de 2023.
- Medio en el cual se publico: El Espectador Colombia Participación ciudadana en la implementación del Acuerdo Final de Paz
El Observatorio de la Participación Ciudadana en la Implementación del Acuerdo Final —OPIAF— es una iniciativa conjunta de Foro Nacional por Colombia y Viva la Ciudadanía para analizar el estado de avance del cumplimiento de las tareas del Acuerdo Final que mandatan la participación de la sociedad civil.
El OPIAF nace bajo la comprensión de que el Acuerdo establece un enfoque de participación, el cual cuenta con unas tareas específicas que implican protagonismo ciudadano. Por ejemplo, cuando el Acuerdo determina que la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial —PDET— requiere la participación de las comunidades, los Informes estudian no sólo si hubo participación, sino qué tan incidente y efectiva fue. Nuestra metodología, dentro de ese ejercicio, ha identificado y hecho el seguimiento de 114 tareas participativas de obligatorio cumplimiento.
Este mes, desde el 12 de diciembre, el OPIAF pone a disposición en versión digital su Informe Tres, un texto especial que hace un balance de la dinámica de la participación ciudadana en el Acuerdo Final entre 2016 y 2022, con énfasis en el periodo de gobierno de Iván Duque. Entre los principales hallazgos se encuentran una serie de rezagos e incumplimientos, particularmente acentuados en el Punto 1 de Reforma Rural Integral y el Punto 2 de Participación política. Sin embargo, el despliegue ciudadano, expresado en los Paros Nacionales de 2019 y 2021 y el impulso a la implementación dado por instancias del Punto 5 como la JEP o la Comisión de la Verdad, lo que señalan es un proceso de disputas políticas y sociales a favor de la implementación del Acuerdo y la democratización del país.
En ese sentido, respecto al Punto 1, los mayores retrasos se hallaron en las tareas vinculadas con el cierre de la frontera agrícola, el acceso y uso de tierras improductivas, la protección de zonas de reserva y los Planes Nacionales de la Reforma Rural. De otro lado, aunque avanzó, la participación en la implementación de PDET —Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial— se destacó más por la iniciativa y apropiación ciudadana que por el diseño de la metodología de participación, que desde un inicio limitó sus alcances.
En el caso del Punto 2, que tuvo los mayores rezagos, el incumplimiento se concentró en las tareas de planeación y presupuestación participativa, control y veeduría ciudadana y medidas efectivas para promover una mayor participación en la política nacional, regional y local de todos los sectores. En los tres frentes, el incumplimiento es preocupante teniendo en cuenta que abarcó tareas participativas referentes a la inclusión de poblaciones históricamente excluidas, como las mujeres y las comunidades étnicas.
El OPIAF reportó que durante el gobierno Duque hubo un especial incumplimiento de la tarea del Punto 2 referente al marco legal de garantías para la protesta social y la manifestación pública, el cual debía desarrollarse tras un proceso participativo. Las alarmantes cifras de represión a las expresiones ciudadanas en 2019 y 2021, que afectaron sensiblemente la democracia en el país, mostraron la importancia de implementar leyes y normativas necesarias para garantizar el ejercicio de este derecho que, por cierto, contribuye a la exigencia y realización de otros derechos.
Actualmente se discute en el Congreso el Proyecto de Ley 270/2023, el cual avanza en la dirección señalada por el Acuerdo Final y recoge propuestas históricas de la sociedad civil; además, el proyecto apunta a la necesidad de crear y garantizar un entorno habilitante para la participación ciudadana, dentro de la cual la protesta es una de sus diversas expresiones.
En el Punto 3 el cumplimiento de los mandatos relacionados con las garantías de seguridad y lucha contra organizaciones criminales responsables de delitos y masacres contra movimientos y organizaciones sociales retrocedió. La implementación del Programa Integral de Seguridad y Protección fue desacelerada y la Instancia de Alto Nivel del SISEP —Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política— no funcionó de manera continua.
Para el Punto 4, las tareas participativas vinculadas a PNIS —Plan Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito— tuvieron un cumplimiento reducido, no sólo por el diseño de una metodología de participación que limitó la influencia de las asambleas comunitarias, sino por la persistencia del gobierno Duque en aplicar una política de sustitución forzada de cultivos de uso ilícito basada en la aspersión aérea de glifosato. Al tiempo, la mayoría de tareas sobre programas de prevención del consumo registraron un estado de cumplimiento mínimo.
Los fallos en la implementación de las tareas del Punto 5 sobre Víctimas del conflicto se situaron en las políticas de reparación para las víctimas y la ausencia de mayor participación ciudadana en los Planes Regionales de Búsqueda. Sin embargo, respecto a los otros puntos, éste fue el de mayor nivel de implementación, pues se creó el Comité de Seguimiento y Monitoreo a la Implementación de las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad —con diversos miembros representantes de organizaciones sociales y del mundo de la academia—; y se implementó la segunda fase del Plan Nacional de Búsqueda.
Respecto al Punto 6, hubo algunos avances gracias al funcionamiento de la Instancia Especial de Mujeres y la Instancia Especial de Alto nivel con Pueblos Étnicos —IEANPE—, pese a sus problemas de financiación. No obstante, la CSIVI no se logró articular con las anteriores instancias y la implementación de una CSIVI ampliada tuvo un rezago significativo.
Finalmente, las tareas del capítulo étnico sobre el desminado humanitario con participación de comunidades y pueblos étnicos, la consulta previa con comunidades y pueblos étnicos para la implementación de medidas del Acuerdo Final de Paz, y la adjudicación y formalización de tierras para pueblos étnicos, tuvieron un nivel mínimo de implementación. En el caso de la participación con enfoque étnico en el PNIS se tomaron disposiciones abiertamente contrarias al Acuerdo.
Por otro lado, la política de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez ha abierto un escenario relativamente más favorable a la implementación de tareas participativas en relación con el gobierno anterior, pero aún se identifican brechas. En esa medida, el informe incluye un análisis de cómo está presente la participación en el Plan Nacional de Desarrollo —PND— Colombia Potencia Mundial de la Vida 2023-2026, y expone una serie de recomendaciones al Gobierno nacional, a los gobiernos territoriales, a la comunidad internacional y a la sociedad civil para promover la implementación de tareas participativas en todos los puntos del Acuerdo Final.
No obstante algunos avances en medidas del Punto 2 y del Punto 4, concluimos que en el PND no siempre es clara la articulación de los procesos de participación con las tareas participativas del Acuerdo Final que les competen. Ello es notorio en las partes sobre la Política Nacional de Drogas, la Política Pública de Participación Ciudadana, el Sistema Nacional de Planeación Participativa o las políticas con enfoque de género o étnico. Por ejemplo, la constitución de la Política Pública para la Erradicación del Racismo y la Discriminación Racial, presente en el artículo 348 del PND, no hace mención a las medidas con enfoque étnico o a la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos provenientes del Acuerdo. Y para el caso de las medidas con enfoque de género como la declaración de emergencia por violencia de género del art. 342, la Instancia Especial de Mujeres también se halla ausente.
Por tanto, invitamos al Congreso de la República y al Gobierno nacional a apoyar una legislación garantista de la participación ciudadana, de conformidad con el Acuerdo Final. Igualmente, hacemos un llamado a los gobiernos territoriales, a la comunidad internacional y a la sociedad civil a consultar y discutir el Informe Tres del OPIAF y seguir trabajando en pro de la implementación del Acuerdo y sus tareas participativas. Tal y como fue establecido en 2016, sin participación de la sociedad civil no es posible construir una Paz Estable y Duradera.
Imagen tomada de Universidad Sergio Arboleda.
