- Salida a medios: octubre 24 de 2021.
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El Espectador Colombia 2020: https://www.elespectador.com/colombia-20/analistas/gobierno-nacional-en-deuda-con-la-transparencia-presupuestal-en-la-pandemia/
La organización International Budget Partnership (IBP) lanzó recientemente los resultados de una evaluación rápida sobre la gestión fiscal en el manejo de la pandemia, desarrollada por 120 países. Los aspectos que evaluó este componente extra fueron: transparencia (acceso público a la información presupuestal), vigilancia (mecanismos de vigilancia adecuados) y participación pública en los paquetes de alivio por la pandemia (oportunidades de participación ciudadana). Los resultados estuvieron disponibles para el segundo trimestre de 2021 en un informe mundial titulado: Gestión de fondos de la COVID, la brecha de responsabilidad.
De acuerdo con el informe de IBP, la pandemia ha desafiado la capacidad de los gobiernos en la administración de los recursos de manera efectiva y equitativa en un período sin precedentes. A finales de 2020 los gobiernos habían gastado 14 trillones de dólares en diferentes paquetes presupuestales destinados a financiar los servicios de salud, abordar las pérdidas de ingresos y mantener a flote las economías. Sin embargo, ninguna de las naciones evaluadas obtuvo una calificación sobresaliente, y, sólo 4, registraron un promedio adecuado de transparencia: Australia, Noruega, Perú y Filipinas.
En el caso colombiano, la evaluación de IBP, implementada por la Fundación Foro Nacional por Colombia, Capítulo Región Central con la colaboración del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, tomó como marco de referencia el Programa Ingreso Solidario, creado en abril de 2020, para atender las necesidades de los hogares más vulnerables mediante un subsidio monetario no condicionado. A enero de 2021, el Departamento de la Prosperidad Social (DPS) afirmó que había gastado cerca de 5,6 billones de pesos en su ejecución con una cobertura de 3 millones de hogares en todo el territorio nacional.
Pese a ser la estrategia bandera de inversión pública en la pandemia, el gobierno se rajó en gestionar su implementación de manera transparente y responsable. Si bien, la página del DPS reporta documentos públicos sobre esta iniciativa, se advierte que no existen datos desagregados por sexo, inversión inicial, montos finales ejecutados, ni contratos realizados, entre otros; información clave para realizar el control social a los recursos asignados por parte de la ciudadanía y los organismos de control. El gobierno tampoco brindó información suficiente a la población sobre los paquetes de atención a la emergencia, desatendiendo el llamado de organizaciones sociales, líderes y lideresas, universidades y sectores políticos por un presupuesto abierto e incluyente.
Este resultado concuerda con la debilidad que ha tenido la administración Duque en garantizar el acceso a la información como un derecho ciudadano en la pandemia. A mediados de junio de 2020, el presidente le anunció al país la decisión de invertir 117 billones de pesos en la atención de la emergencia económica, social y sanitaria. A pesar de que esta cifra representaba el 43% del presupuesto nacional de ese año, hasta el momento no se encuentran datos completos y accesibles para determinar la asignación de este dinero ni los efectos que produjo en soliviantar las dificultades que estaba enfrentando un buen porcentaje de la población colombiana. A esto se suma la dificultad de respuesta, por parte del gobierno, sobre estos datos, incluso con la implementación de derechos de petición y otros mecanismos de acceso a información pública, establecidos en la legislación nacional.
En Colombia se decretó el estado de emergencia económica, social y ecológica en la perspectiva de responder con medidas excepcionales a los impactos de la pandemia, incluyendo la asignación del presupuesto público. En este escenario, IBP llama la atención sobre el exiguo papel que cumplió el Congreso de la República como ente de control político a las decisiones fiscales adoptadas por el ejecutivo. Sólo hasta mayo de 2020 la Cámara de Representantes y el Senado iniciaron sesiones virtuales, y hasta ese momento ya se habían expedido más de 50 decretos nacionales. Tampoco se advirtió voluntad política del gobierno nacional en brindar las garantías necesarias para el inicio de la Legislatura y se mostró poco disponible al diálogo con las bancadas de oposición. Si bien, ante el avance del COVID-19 era urgente tomar decisiones para mitigar sus efectos, eludir las legislaturas impidió el debate público, el control político, elemento imprescindible de una democracia y, por tanto, le restó legitimidad a las acciones gubernamentales.
Por último, un tercer aspecto analizado por IBP se relaciona con la participación ciudadana. Se constata que la participación ciudadana no fue un ingrediente importante en las decisiones que se tomaron para hacerle frente a la pandemia. Colombia no fue la excepción. De manera desafortunada, se sigue pensando que la intervención de la ciudadanía genera obstáculos y no se analiza y valora el papel que cumple en la legitimidad, la inclusión y la efectividad de las acciones públicas, incluso, en tiempos de emergencia. De hecho, en el caso del Programa Ingreso Solidario no se generó ninguna medida de diálogo público, rendición de cuentas y apertura a las comunidades y a los sectores sociales interesados en conocer y participar en las decisiones tomadas por el gobierno.
Varios aprendizajes surgen de los resultados de esta evaluación sobre la gestión fiscal en tiempos de Covid y que, en el caso de Colombia, deben ser evaluados y asumidos como ejercicios valiosos en una democracia. El primero tiene que ver con la necesidad de modernizar las leyes que rigen el presupuesto y, de esta forma, garantizar mejores sistemas de información, más ejercicios participativos y transparentes, y apertura de los gobiernos al escrutinio ciudadano. En segundo lugar, la pandemia puso a prueba los diferentes modelos económicos que se estaban aplicando en varios países. De hecho, los resultados confirmaron la debilidad de modelos económicos capitalistas de carácter centralizado para resolver los verdaderos problemas de toda la sociedad: pobreza, marginalidad, desempleo, desigualdad, por señalar algunos. Otro asunto de resaltar está referido a ajustar y garantizar la operación y efectividad de los controles políticos a los gobiernos. Por último, comprender que las situaciones de crisis son también oportunidades para producir cambios e innovaciones. En este sentido, la crisis permitió que la ciudadanía fuera más consciente de entender que el presupuesto público es un asunto que compete a toda la sociedad, que debe ser público y transparente su manejo y que las medidas que tomen los gobiernos deben ser responsables en garantizar el bienestar de toda la población y la inclusión de escenarios de diálogo y de control social a su gestión.
