Fundación Foro Nacional Por Colombia
Bogotá, octubre 16 de 2018.
Comunicado
La Propuesta de Unificación de Períodos Electorales
La unificación de períodos electorales, propuesta por los sectores más tradicionales del Congreso de la República y apoyada por los gremios de alcaldes y gobernadores, atenta contra el principio de autonomía territorial consagrado en la Constitución y constituye una herramienta más de la dirigencia política tradicional para recuperar el control electoral del voto ciudadano en los municipios y departamentos del país.
La Cámara de Representantes discute hoy en primer debate la propuesta de reforma constitucional para unificar los calendarios electorales, de manera que la elección de autoridades locales, municipales y departamentales se lleve a cabo en la misma fecha de la elección del Congreso de la República (proyecto de Acto Legislativo N° 105 de 2018 Cámara, que reforma el artículo 261 de la Constitución). La Fundación Foro Nacional por Colombia, defensora durante más de tres décadas del proceso de descentralización en el país, manifiesta su desacuerdo con ese proyecto y con las medidas de transición que deberían ser implementadas para unificar los calendarios a partir de 2022.
La elección popular de las autoridades locales, municipales y departamentales es una de las figuras más importantes de la reforma del Estado, iniciada en 1986 y ratificada por los constituyentes en la Carta Política de 1991. Es la expresión política de la voluntad soberana del constituyente primario y concreta los dos cambios más importantes de hace tres décadas en la arquitectura del Estado: la descentralización, basada en un concepto claro de autonomía político-administrativa de las entidades territoriales; y la participación ciudadana a través del voto para elegir dichas autoridades y mantener una relación estrecha con estas últimas para definir los planes de desarrollo y las políticas públicas.
Los coordinadores de la ponencia que se discute a partir de hoy en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, H.R. Jaime Rodríguez Contreras y Juan Carlos Rivera Peña, esgrimen dos principales argumentos para emitir concepto positivo sobre el proyecto: en primer lugar, la diferencia de períodos es altamente costosa para el erario nacional. En consecuencia, unificar las elecciones significaría un ahorro para el Estado. En segundo lugar, el hecho de que alcaldes y gobernadores sean elegidos en momentos diferentes a la elección del Congreso dificulta la articulación de los respectivos planes de desarrollo. La unificación permitiría esa articulación.
Los dos argumentos esgrimidos por los ponentes son débiles: de una parte, no debe olvidarse que el voto es un derecho fundamental, por lo que el Estado debe asegurar todas las condiciones, entre ellas la financiación de las elecciones, para su pleno ejercicio. Sugerir que el costo económico es más importante que el ejercicio de un derecho fundamental es –por decir lo menos- inconstitucional y raya en lo absurdo.
De otra parte, si fueran unificados los períodos electorales sería casi imposible articular los planes de desarrollo, pues, supuestamente, tanto el gobierno nacional como los alcaldes y gobernadores estarían elaborando sus planes al mismo tiempo. ¿Cuál sería la fórmula para articularlos? Además, en el supuesto de que sea el Plan Nacional de Desarrollo el que defina la pauta para los planes territoriales, los alcaldes y gobernadores que, según la propuesta, iniciarían su mandato el 20 de julio, 18 días antes que el juramento del Presidente de la República, tendrían que esperar casi un año para elaborar su propio plan en consonancia con el plan nacional de desarrollo, pues este último, según la ley de planeación, debe ser aprobado por el Congreso de la República entre marzo y junio del año siguiente al de la posesión del Presidente de la República. ¿Cómo gobernarían entonces los alcaldes y gobernadores durante ese primer año de su mandato? ¿Con qué presupuesto, si no tienen un plan de desarrollo? ¿Dónde quedaría su programa de gobierno? ¿Cómo interpretar, entonces, la revocatoria del mandato?
Para Foro Nacional por Colombia, lo que señala la ley de planeación en materia de articulación de los planes de desarrollo es una herencia de la mentalidad centralista del legislador. ¿Por qué los planes tienen que estar articulados? No existe ninguna razón para que así sea. Los alcaldes y gobernadores presentan cada uno su programa de gobierno, acorde con su ideario partidista. Ese es un supuesto propio de la descentralización y de la autonomía política de los gobiernos departamentales y municipales. Es, además, el criterio para aplicar la revocatoria de su mandato, tal y como lo establecen las normas respectivas. Los planes de municipios y departamentos deben obedecer a los programas de gobierno de sus mandatarios, no a las orientaciones del plan nacional. ¿O acaso el programa de gobierno del Presidente tendría que ser adoptado por los alcaldes y gobernadores para que sus respectivos planes se articulen al plan nacional? De nuevo, estamos al borde del absurdo.
En realidad, la reforma tiene otra intención: que los barones electorales nacionales puedan ejercer el control total de las elecciones municipales y departamentales e instrumentalizar el electorado local en favor de las elecciones legislativas. Clientelismo del fino. Puro cálculo electoral. Unificar las elecciones significa que éstas quedarían prácticamente en manos de los “jefes” nacionales, de las empresas electorales de siempre, cercenando la posibilidad de que emerjan nuevas fuerzas políticas a nivel local y regional, diferentes, si no alternativas, a los partidos nacionales. La dependencia de los alcaldes y gobernadores con respecto a los dirigentes nacionales sería total. Es el fin de la descentralización y de la autonomía territorial. Es la vuelta a la Constitución de 1886.
La Fundación Foro Nacional por Colombia llama a los Congresistas a actuar con sensatez, en defensa de la autonomía de los municipios y departamentos, y en contra de un proceso de re-centralización asfixiante que ahora pretende invadir el fuero de la autonomía política consagrada en la Constitución. A cambio, el Congreso debería preocuparse por el fortalecimiento institucional, fiscal y administrativo de los municipios y departamentos, asegurar por vía de la norma una relación más armónica, menos vertical, entre el gobierno nacional y las autoridades locales, municipales y departamentales, y promover a fondo la participación ciudadana en las decisiones públicas.
Ampliación de información:
Fabio Enrique Velásquez Carrillo
Presidente Ejecutivo – Fundación Foro Nacional por Colombia
Tel: (+57 1) 2822550
Móvil: 313 853 9482
