Descentralizar la mirada para llegar a lo rural como un camino de paz

Durante la centuria del centralismo (1886 – 1986) las transferencias de la nación a las entidades territoriales se concentraron en las grandes 24 ciudades, capitales de departamentos. En virtud del proceso de descentralización el sistema de reparto logró mayor extensión territorial del gasto público y, con ello, difuminar las coberturas de la política social, fortalecer las instituciones públicas e incentivar las privadas, además de estimular espacios y mecanismos de participación ciudadana y comunitaria. Sin embargo, dicha amplitud del Estado y de la organización social para afectar las políticas públicas se concentró en dichos asentamientos poblacionales, marcando un claro sesgo anti rural. Es decir que fuera de las cabeceras se reciben menos transferencias per cápita, llegan menos los servicios de salud, educación, saneamiento básico y agua potable, así como es mucho más precario el acceso a la justicia, los programas de prevención de desastres, los planes medio ambientales, a la vez que hay mucha más inseguridad ciudadana. A la vez, son estas mismas poblaciones las que más sufren el desplazamiento forzado, la expropiación de tierras, la presión por los recursos naturales, los cultivos de uso ilícito y la minería ilegal. La población del campo está sometida entonces a la triple presión de la guerra, la precariedad del Estado de derecho y la pobreza.

El reto, entonces, es que la descentralización debe replantear las reglas de asignación de recursos hacía el sector rural.

2. Descentralización y paz

El acuerdo de paz para la terminación del conflicto armado parte de un diagnóstico sobre los factores (para el gobierno nacional) o las causas (para la guerrilla) de la persistencia, amplitud y agudeza del conflicto endilgada a grandes fracturas socio territoriales. En particular, los municipios PDET, de intervención prioritaria para asentar una paz estable y duradera, se caracterizan por el padecimiento de 4 factores con mayor agudeza que el resto del país: pobreza, economías ilícitas, precariedad institucional y violencia. Los 16 macro programas pactados en los acuerdos para superar dicha situación señalan inversiones para el desarrollo económico formal, el desarrollo institucional, la extensión de políticas sociales y circunscripciones de paz con el fin de que los territorios más afectados por el conflicto cuenten con representación directa en el legislativo.

Así, el segundo reto para asentar la paz y construir condiciones estructurales para la no repetición del conflicto, supone hacer cumplir todos los programas del acuerdo de paz; lo cual sin duda conduciría a fortalecer la democracia local, el desarrollo institucional y económico, así como las políticas de bienestar.

3. Descentralización y desarrollo

A pesar de la elección popular de alcaldes, la transferencia de recursos y la descentralización de la política social, los resultados en materia económica dan cuenta de la concentración de la actividad económica, en la medida en que seis departamentos representan el 68% del PIB. En Colombia existe una descentralización relativa al gasto, más no a los ingresos, es decir, de la capacidad de generación de recursos propios.

El complemento necesario de la descentralización en lo social debe ser la descentralización en lo económico. Este es el tercer reto. Y la propuesta es un Sistema General de Inclusión y Equidad Territorial al menos con tres iniciativas:

1. Expedir una ley de descentralización de las oportunidades de desarrollo económico, semejante a aquella que soporta el sistema general de transferencias para la política social. En principio dicha ley no requiere recursos nuevos, sino de una reasignación de aquellos que ya se ejecutan en el desarrollo económico territorial, pero sin estar sujetos a ninguna ley general con criterio de cobertura universal para todas las entidades territoriales.
2. El crédito público está sensiblemente concentrado en las entidades territoriales con mayor capacidad financiera y de elaboración, ejecución y sostenibilidad de los proyectos. Cera del 70% de recursos son asignados en Antioquia, Bogotá, Atlántico y Valle de Cauca. Es necesaria una estrategia sostenida de descentralización universal y equitativa del crédito público, que además construya alianza con inversiones comunitarias, privadas e internacionales en apoyo al desarrollo de proyectos de alto impacto en el empleo y la satisfacción de necesidades.
3. Las inversiones en Investigación y Desarrollo se encuentran significativamente concentradas, en 5 departamentos se invierte cerca del del 80% de las inversiones. Con el fin de lograr un país más integrado que se construya a partir de sus diferencias y potencialidades, es necesario un sistema realmente descentralizado de financiación y desarrollo de investigaciones en ciencia y tecnología, con fomento a equipos de investigación en cada región y departamento, que respete y potencie los paradigmas del desarrollo territorial.

4. Descentralización y cambio climático

La arquitectura organizativa del Estado, de la administración pública y del sistema político no tienen relación alguna con el funcionamiento multiescalar de los sistemas socio ambientales; y esto es un problema mayor. La construcción de nuevas espacialidades de los Estados, de la administración pública y del sistema político reta, por lo tanto, como pocos otros desafíos, la innovación y la creatividad colectiva. Algunas de los caminos que deben abrirse ya podrían ser los siguientes:

• El Plan Nacional de Desarrollo debe dejar de considerar “el medio ambiente” como un tema sectorial, generalmente menor y de mención marginal al que se le consagran algunos programas y regulaciones. El PND debe integrar el tema del cambio climático y de los equilibrios ambientales en el centro de las estrategias de desarrollo económico, es decir, de producción, circulación y distribución de la riqueza.
• La contratación pública debe considerar más que ahora los criterios ambientales, ya no solo midiendo impactos de los proyectos y buscando mitigarlos, sino valorando la capacidad de las intervenciones no solo de preservar los ecosistemas sino de enriquecerlos. En esta tarea los gobiernos locales pueden ser ya una pieza clave al menos de tres maneras: Primero, supeditando la contratación local a los estándares de la huella ecológica y promocionando proyectos de sostenimiento y enriquecimiento de los sistemas ambientales. Segundo, usando las diversas formas de asociación territorial para el emprendimiento de proyectos de positivo impacto ambiental. Tercero, en la medida en que muchos de los principales ecosistemas estratégicos están habitados por pueblos indígenas, comunidades negras y colonos campesinos, es necesario, por una parte, vincularlos de manera más asertiva y permanente a las prácticas de conservación ambiental.

*Escrita por La Red de Iniciativas para la Gobernabilidad, la Democracia y el Desarrollo Territorial – RED RINDE- una asociación de esfuerzos nacida en 2005, que busca promover debates, generar información e investigación, formular propuestas de política pública y visibilizar experiencias e innovaciones provenientes de experiencias de administración territorial en Colombia, y Foro Nacional por Colombia una entidad descentralizada no Gubernamental sin ánimo de lucro, creado en 1982, cuyos objetivos son contribuir al fortalecimiento de la democracia en Colombia Foro tiene sede en Bogotá y en tres capítulos regionales: Barranquilla (Foro Costa Atlántica), Bogotá (Foro Región Central) y Cali (Foro Suroccidente).